La Historia Detrás de la Caída del Banco Mendoza

El nombre del Banco de Mendoza resuena en la memoria de los mendocinos, no solo como una institución financiera, sino como un símbolo de una época marcada por el desmanejo, la presión de intereses económicos y, lamentablemente, la corrupción. Su caída en los turbulentos años 90 dejó una profunda huella en la provincia, afectando a miles de empleados y ciudadanos, y generando un debate que, aún hoy, resurge con cada intento de revivir la idea de una banca estatal.

La historia de esta emblemática entidad se remonta al 29 de agosto de 1888, cuando fue creado por el entonces gobernador Tiburcio Benegas con un capital inicial de 5 millones de pesos. Posteriormente, fue refundado el 21 de febrero de 1934, consolidándose como una pieza clave en la economía provincial durante décadas.

Los Años Noventa: Señales de Alarma

Sin embargo, la década de 1990 trajo consigo serios problemas. Ya en 1992, el banco había entregado 50 mil tarjetas de crédito, muchas de ellas a personas que carecían de la capacidad real de pago. Tanto el Banco de Mendoza como el Banco de Previsión Social, una entidad más pequeña, comenzaron a acumular juicios millonarios que, simplemente, no se cobraban. Entre los grandes deudores de aquel entonces, se mencionaba a Dalvian, propiedad de la familia Vila.

Este contexto de debilidad financiera coincidió con la fuerte ola privatizadora que recorría el país. El 30 de noviembre de 1996, el gobierno provincial, bajo la gestión de Arturo Lafalla, decidió vender ambos bancos. El comprador fue el consorcio integrado por Banco República y Magna Inversora.

La Privatización y la Era Moneta

Con la venta, el empresario Raúl Moneta emergió como la figura central, convirtiéndose en presidente y principal accionista de la nueva entidad fusionada, que conservó el nombre de Banco Mendoza. El paquete accionario quedó distribuido de la siguiente manera: el 67% para el Banco República (controlado por Moneta), el 28% para Magna Inversora (un grupo de empresarios mendocinos), un 3% en manos del gobierno provincial, y el resto destinado a los empleados. A pesar de los problemas preexistentes, la privatización no logró enderezar el rumbo.

El Cierre y la Deuda Millonaria

El final llegó el 8 de abril de 1999. El Banco Mendoza cerró sus puertas, dejando sin servicio a 82 sucursales y a casi mil empleados. La entidad fue desguazada y vendida en partes. La magnitud de la debacle quedó expuesta al hacerse públicas las actas y planillas del directorio. Hacia febrero de 1999, los principales clientes del banco eran, paradójicamente, el propio Moneta y los empresarios de Magna Inversora. Los préstamos a empresas vinculadas ascendían a más de 46,6 millones de pesos/dólares.

La lista de los principales deudores vinculados era extensa y reveladora:

Estos créditos incobrables a vinculadas, sumados a una vasta cartera de deudores de menor monto, fueron el principal factor detrás del colapso.

Acusaciones y el Laberinto Judicial

Con el banco en ruinas y completamente endeudado, surgieron fuertes acusaciones contra Moneta. Se le señaló por supuestamente haber utilizado los recursos del Banco Mendoza para sostener a otra entidad de su propiedad, el Banco República, e incluso se habló de triangulaciones financieras a través del Federal Bank, una entidad ubicada en las Bahamas que, en la práctica, parecía ser poco más que una casilla de correo. La situación escaló a tal punto que se llegó a mencionar la posibilidad de vínculos con dinero proveniente del narcotráfico, lo que motivó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados de la Nación, integrada por figuras como Elisa Carrió, Gustavo Gutiérrez y Cristina Kirchner. Toda esta situación generó una gran conmoción en la sociedad mendocina, que se vivía en la antesala de la crisis económica nacional de 2001.

El aspecto judicial de la caída del banco se volvió complejo y controvertido. El 3 de junio de 1999, el exjuez federal Luis Leiva imputó a diez exdirectivos por subversión económica. Sin embargo, pocos días después, el 8 de junio de 1999, el juez Gustavo Literas solicitó que la causa fuera trasladada a su juzgado, argumentando que él había iniciado la investigación previamente. El 31 de agosto de 1999 comenzó el proceso de autoliquidación de la entidad bancaria.

La disputa judicial por la competencia continuó hasta que, el 7 de junio de 2000, la Corte Suprema de Justicia decidió que el caso correspondía a Literas. Una semana después, un juez subrogante de Literas, Carlos Liporaci, otorgó a Moneta la eximición de prisión. El 3 de febrero de 2000, el juez Literas anuló la investigación que había llevado adelante Leiva, un giro que generó gran controversia.

Años después, en mayo de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el sobreseimiento de Raúl Moneta en una causa donde se le acusaba de integrar una asociación ilícita vinculada a la caída de los bancos. Aunque un juez de primera instancia había sobreseído a los imputados, argumentando que las falsedades comprobadas no constituían delito penal, el Banco Central apeló. La Corte, siguiendo un dictamen del procurador general adjunto, envió la causa de vuelta a la instancia anterior para que se continuara la investigación. Sin embargo, según declaraciones del exjuez Leiva en 2014, la causa se encontraba “inmovilizada”, con los acusados planteando la prescripción por el paso del tiempo y la falta de avances. Tanto él como el exgobernador Lafalla coinciden en que la falta de una decisión política y judicial ha impedido que se llegue a una sentencia definitiva.

Intentos de Revivir la Banca Provincial

A pesar de la traumática experiencia, la idea de contar con un banco provincial ha resurgido en diferentes momentos. Durante su gobernación (2003-2007), Julio Cobos impulsó la recreación de una entidad bancaria estatal. Su visión era comenzar con algo pequeño y ordenado, con un plan de negocios claro y sucursales estratégicas en las diferentes regiones de la provincia. Buscaba que el nuevo banco fuera una herramienta de financiamiento para el sector productivo y social, y creía que la intervención estatal podría generar mejores tasas y ofertas por parte de los bancos privados.

El proyecto de Cobos contemplaba un modelo híbrido, combinando aspectos del antiguo Banco de Previsión Social (orientado a empleados y PyMEs) y del ex Banco de Mendoza. Incluso se encargó un informe al exlegislador nacional Raúl Baglini para trabajar en la creación de la entidad. El 7 de noviembre de 2006, la Legislatura provincial aprobó la ley que, en teoría, recreaba el banco. Cobos albergaba la esperanza de que esta nueva etapa borrara los recuerdos oscuros de la historia anterior.

Sin embargo, su sucesor, el gobernador peronista Celso Jaque, dejó sin efecto la iniciativa impulsada por el radicalismo. Años después, la idea volvió a ser puesta sobre la mesa por el gobernador Francisco Pérez, quien la consideró “oportuna” para discutirla, basándose en la necesidad de ofrecer herramientas financieras a quienes no acceden al crédito tradicional.

Debate Político Actual

La propuesta de Pérez, sin embargo, no encontró un respaldo unánime, ni siquiera dentro de su propio partido, el PJ, donde existen opiniones encontradas. En el radicalismo, la división de posturas es similar. Figuras como Jorge Tanús, presidente de la Cámara de Diputados, han apoyado la idea, incluso buscando reflotar la ley aprobada en la época de Cobos. Pero otras voces dentro del PJ, como Patricia Fadel y Alejandro Abraham, han manifestado su rechazo.

En el radicalismo, mientras que el exvicegobernador Juan Carlos Jaliff se mostró a favor de reflotar la ley de 2006, gran parte del partido, incluyendo a dirigentes como Alfredo Cornejo y Enrique Vaquié, descartaron la idea por considerarla innecesaria e inoportuna, principalmente por la falta de fondos provinciales para capitalizar una entidad de esa magnitud.

Reflexiones Desde la Experiencia: Lafalla y Leiva

El exgobernador Arturo Lafalla, quien firmó la privatización de los bancos, ha reflexionado sobre aquellos años en su libro 'Utopía y Realidad, Testimonio de un gobernador (1995-1999)'. En entrevistas, ha manifestado que un banco estatal sano y bien administrado es una herramienta útil, lo que explica por qué la idea siempre resurge. Sin embargo, considera que las condiciones para ello deben estar garantizadas, algo que, a su juicio en 2014, no estaba claro.

Lafalla es crítico con la historia de los bancos provinciales antes de 1995. Según la investigación de una comisión del Senado que menciona en su libro, gobiernos militares y democráticos hasta 1995 tuvieron cuota de responsabilidad. Define el proceso como una mezcla de ineptitud, ineficiencia, clientelismo político y corrupción, que costó a los mendocinos entre 850 y 900 millones de pesos/dólares. La causa principal de la caída fue la acumulación masiva de créditos incobrables, otorgados por “infinita cantidad de razones” a quienes no devolvían el dinero, obligando al estado provincial a cubrir las falencias hasta que no pudo más.

Lafalla señala que la responsabilidad fue compartida: la dirigencia política entre 1976 y 1995, los directores nombrados por esa dirigencia, el personal jerárquico de carrera que manejaba los bancos, y los más de 80 mil mendocinos que quedaron debiendo cerca de 900 millones. Critica duramente la actuación de la justicia, señalando que la investigación iniciada por Leiva terminó por prescripción, es decir, por inactividad judicial, sin que se determinara culpables o inocentes. Para él, jurídicamente, “son todos inocentes” por la falta de sentencia. Insiste en que es una historia que debería avergonzarnos a todos (la dirigencia y los beneficiarios) y que no debe repetirse, considerando al grueso de los mendocinos como víctimas de este “largo y enorme despropósito”. Aunque reconoce la necesidad de crédito accesible, no cree que un banco provincial sea la única o principal solución, sino una política nacional que lo garantice.

Por su parte, el exjuez Luis Leiva, quien fue destituido en 2002 por el Consejo de la Magistratura (en parte, por una causa iniciada por un allegado a Moneta tras ordenar escuchas y filmaciones en una investigación de complot), también se refirió a la causa de los bancos. En 2014, afirmó que la causa estaba “inmovilizada” debido a que los acusados planteaban la prescripción “con derecho”, ya que la causa no había avanzado. Lamentó que la falta de decisión política y judicial impida que se llegue a una sentencia, dejando un “sabor amargo” para la sociedad. Sobre el proyecto de Pérez de abrir un nuevo banco, Leiva opinó que no era apropiado en ese momento para la provincia, considerando la magnitud de la inversión necesaria para capitalizarlo y el riesgo de que se convierta en un “coto de caza de la política” en cuanto a la dotación de personal. Criticó que no se hubiera salvado el Banco de Previsión Social previamente.

En definitiva, la caída del Banco de Mendoza es una compleja trama de decisiones políticas, manejos financieros cuestionables y una justicia que no logró dar respuestas definitivas. El debate sobre la conveniencia de una banca estatal en la provincia sigue latente, teñido por los oscuros recuerdos de una historia que, según sus protagonistas, dejó lecciones que no deberían ser olvidadas.

Preguntas Frecuentes sobre el Banco de Mendoza:

¿Cuándo se creó el Banco de Mendoza? Fue creado el 29 de agosto de 1888 y refundado el 21 de febrero de 1934.

¿Quién fundó el Banco de Mendoza? Fue fundado por el gobernador Tiburcio Benegas.

¿Cuándo cerró el Banco de Mendoza? Cerró sus puertas el 8 de abril de 1999.

¿Quién fue señalado como el principal responsable de su caída tras la privatización? El empresario Raúl Moneta, quien se convirtió en su presidente y principal accionista.

¿Cuál fue una de las principales causas de la caída del banco? La acumulación de créditos incobrables, muchos de ellos otorgados a empresas vinculadas a los accionistas.

¿Cuánto dinero perdió la provincia con la caída del banco, según el exgobernador Lafalla? Se estima que costó a los mendocinos entre 850 y 900 millones de pesos/dólares.

¿Qué pasó con la causa judicial sobre la caída del banco? Según fuentes judiciales y políticas de 2014, la causa se encontraba inmovilizada y con riesgo de prescripción por inactividad, sin que se hubiera dictado sentencia definitiva sobre los responsables.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a La Historia Detrás de la Caída del Banco Mendoza puedes visitar la categoría Vivienda.